En el pasado Pleno d
e febrero celebrado en el Ayuntamiento de Santa Pola, el Grupo Socialista y el Grupo Popular presentaron, en esencia, los mismos argumentos en cuanto a los pagos de la Generalitat en materia de vivienda. Tal y como señaló el alcalde, Miguel Zaragoza, tras el debate: “Estamos solicitando lo mismo de manera distinta”.
La propuesta de resolución del Grupo Socialista acordaba: el reconocimiento contable de la deuda contraída en ayudas para la adquisición, alquiler y rehabilitación de vivienda; el establecimiento de un calendario de pago; respetar el orden de presentación de solicitudes a la hora de realizar el pago y abonarlo a través del Fondo de Liquidez Autonómico.
El Grupo Popular presentó una enmienda a la totalidad ante esta propuesta por la que se solicitaba a la Generalitat Valenciana liquidar a la mayor brevedad posible y de forma prioritaria a los ciudadanos pendientes del cobro de ayudas al alquiler, cheque-vivienda y rehabilitación.
Por lo tanto, el objetivo era idéntico: el pronto pago por parte de la administración regional. Unos ingresos que “se están realizando en la medida de las mermadas posibilidades económicas de la Generalitat, dado que no recibe una financiación justa y equitativa, herencia del anterior gobierno socialista en la región”, según Jorge Perelló, concejal de Personal.
Perelló quiso puntualizar que la Generalitat ya está trabajando en tres líneas de actuación: el pago genérico de ayudas a la vivienda, en los anticipos bancarios y en las ayudas a vivienda para familias en situaciones de especial vulnerabilidad.
Actualmente, según el Grupo Socialista, hay en Santa Pola 118 familias afectadas por estos impagos y es la voluntad del Equipo de Gobierno la pronta solución de esta contingencia.