Desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos realizar una denuncia pública de la actitud sectaria y de las manifestaciones que el concejal de Esquerra Unida de este Ayuntamiento, Samuel Ortiz, realizó en el pleno ordinario de Febrero. Dicho concejal pretende limitar el derecho legal que tiene nuestro grupo municipal para presentar enmiendas a las mociones que presentan los integrantes del Desgobierno de Santa Pola. No es suficiente con que dichos partidos presenten mociones que no tienen nada que ver con Santa Pola como para que encima se nos quiera coartar el derecho a enmendar las mismas. No podemos debatir con los miembros del equipo de desgobierno, la Alcaldesa nos torpedea las intervenciones en el Pleno y sabemos de antemano que no nos van a aprobar ninguna propuesta, tal y como dijo Lorenzo Andreu en dicho pleno.
El Camarote de los hermanos Marx trabaja a trompicones, sin guía, y como prueba un botón, nos convocan hoy lunes a las 13:45 h, a una junta de gobierno extraordinaria y urgente para tratar a las 14:15 h. un asunto de especial interés para los santapoleros como es el Pliego Administrativo de las Hamacas y Sombrillas para nuestras Playas. Ni tiempo para leerlo.
Este desgobierno no es justo para Santa Pola y así les va. Una cosa es predicar y otra dar trigo.
NOS PREOCUPA LA FALTA DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN ASÍ COMO LA FORMA DE ACTUAR DEL EQUIPO DE GOBIERNO ANTE LA LICITACIÓN DE CHIRINGUITOS Y KIOSKOS
Los hechos se han sucedido de la siguiente manera:
1.- Esta mañana a las 8:50h se nos ha convocado a una comisión informativa de hacienda y contratación, para hoy mismo a las 14:30h con el siguiente orden del día: Propuesta de la Concejalía de Playas sobre votación de Kioscos a licitar, pliego de cláusulas administrativas para la adjudicación de Kioscos en las Playas de Santa Pola.
2.- Acto seguido a las 09:40h se nos ha vuelto a convocar a un pleno extraordinario y urgente para hoy mismo a las 15:00h para la aprobación pliego de cláusulas administrativas para la adjudicación de Kioscos en las Playas de Santa Pola.
La falta de transparencia y participación vuelve a invadir al Ayuntamiento de Santa Pola.
A los miembros del partido popular nos han concedido menos de 6 horas para estudiar los expedientes de los chiringuitos y kioscos así como las cláusulas administrativas que regularan su concesión. Impidiendo realizar la función que como oposición nos exige la ley, fiscalizando todas y cada unas de las cuestiones que hace o deja de hacer el equipo de gobierno.
Es por ello y ante el rechazo de esta forma de actuar por lo que solicitamos a los vecinos de Santa Pola que acudan al pleno que se ha convocado a las 15:00h para manifestar su oposición a esta forma de gestionar y mal gobernar nuestro pueblo.
“Cortado por inundación”, ese era el cartel que rezaba en el carril cerrado de la Ronda Norte, pero es que circulando por el otro carril no se observaba ni una gota de agua. El problema se trata de un socavón de unos 70 cm de diámetro y 5 cm de profundidad que ponía en peligro la circulación y lo más sensato era cerrarlo temporalmente tal y como lo decidió nuestra Policía Local.
Once días han pasado y todavía sigue cortada al tráfico la Ronda Norte en su carril dirección Este, situación grave que está causando muchas molestias a la población; embotellamientos y aglomeraciones sobre todo a la hora de entrada y salida de los colegios.
Finalmente después de preguntar por el asunto varias veces el pasado viernes, desde el Partido Popular tuvimos acceso al “decreto de emergencia” emitido por la Alcaldesa el martes día 6. En él se transcribe el informe íntegro realizado por el Técnico de Obras Públicas donde se indica que a causa de las lluvias ha cedido parte del relleno del firme y la capa superior de asfalto delimitándose la zona de actuación en unos 300 m2 para reponer con nueva capa de relleno y de rodadura asfáltica. No se indica en dicho informe ningún tipo de peligro para el otro carril por lo que permanece abierto. La empresa designada para repararlo de “urgencia” todavía no ha realizado la obra, por lo que el carácter de urgencia se ha perdido totalmente. Nadie del equipo de gobierno tomó decisiones, ni existió ningún tipo de información pública ni tampoco a la oposición.
Incapaces de solventar, aunque fuera provisionalmente, el problema con un relleno de hormigón de asfalto frio o con una plancha de acero que cubriera el socavón. Nadie del Camarote de los Hermanos Marx fue capaz de adoptar una iniciativa tan simple para solucionar el problema. Esto es lo que viene ocurriendo en nuestro Ayuntamiento en demasiadas ocasiones desde que el cuatripartito y los tránsfugas que desgobiernan nuestro pueblo. Para muestra un botón, mejor dicho un socavón. Desde el Partido Popular denunciamos estos hechos que denotan la ineficacia en la gestión municipal.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, introdujo en nuestra legislación la prisión permanente revisable.
Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de todo tipo de corte político que se incorpora a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal.
La prisión permanente revisable no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, «un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal». Así lo señala claramente la Exposición de Motivos de esta Ley.
La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice la Exposición de Motivos, «aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado». Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, «si el Tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el Tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social».
Añade la Exposición de Motivos que «la pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión».
Igualmente señala que «se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso Affaire Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido)».
Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidad, recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 2015. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, si bien algunos pretenden la derogación de esta medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por mayoría de los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra Republicana, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Mixto y la abstención de Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, la Proposición no de Ley para la Derogación de la Pena de Prisión Permanente Revisable.
Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una Proposición de Ley de Modificación de la L.O. 10/1995 del Código Penal (Orgánica), que pretende derogar la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo Popular.
Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos y libertades de todos los españoles.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente MOCIÓN y la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Santa Pola muestra su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
SEGUNDO.- Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable.
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos Políticos del Congreso, Senado y de las Cortes Valencianas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde que se firmó el convenio del CJ-5, en Julio de 2004 los equipos de Gobierno del Partido Popular NUNCA han renunciado a cobrar el importe total que se estipulaba en dicho convenio, que ascendía a 6.010.121,04 € importe que gracias a la gestión del Partido Popular, entrarán en las arcas municipales.
La empresa ha venido pagando hasta la cantidad de 2.550.000€- y se han mantenido negociaciones para defender los intereses de nuestro pueblo, permaneciendo en vigor a fecha de hoy los derechos de cobro pendientes del Convenio. Durante las negociaciones siempre se ha intentando llegar a un buen acuerdo y evitar un contencioso que pusiera en riesgo los intereses económicos de nuestro Ayuntamiento.
Además estas negociaciones se han venido manteniendo dentro del escenario de CRISIS económica que se generó a partir del 2008 y que aún perdura. La paralización de la construcción que provocó la bajada de la demanda, de los precios y del valor del suelo y como consecuencia de las dificultades económicas de la empresa. Esta situación de crisis frenó el desarrollo del sector CJ5, y por tanto de la viabilidad económica del convenio.
Al grupo municipal Popular nos pareció bien la modificación del convenio que se planteó al Pleno por parte del actual Equipo de Gobierno (y que votamos a favor), ya que coincidía con nuestro planteamiento de evitar el contencioso y llegar a un acuerdo justo para ambas partes. La propuesta suponía una reducción del 19,50% de la cifra inicial, es decir una reducción por importe de 1.171.973,60€, exactamente la misma cantidad que ya estaba negociando con la empresa el Partido Popular, con los mismos criterios e informes técnicos que el equipo de gobierno del Partido Popular ya había solicitado y que los técnicos realizaron.
A fecha de hoy las cantidades ingresadas por la empresa al Ayuntamiento ascienden a 2.550.000€ y corresponden a las plus valías que hasta la fecha se han generado por el desarrollo actual del sector. La empresa pago 2.500.000€ millones antes de aprobarse definitivamente el convenio del CJ5 con la aprobación del PGOU en el 2008 por la Consellería. Es importante destacar que en la propia liquidación de la propuesta que se planteó en su día, se indicaba en el propio informe del Arquitecto Municipal y del Letrado Asesor, que se había producido un ingreso mayor que el que le hubiera correspondido realizar, es decir, la empresa ingresó 96.737,72 € de más, que transcribimos literalmente del informe del Técnico Municipal de fecha 27/04/2012 “Con relación a las viviendas que, a fecha de hoy, han obtenido licencia dentro del periodo de vigencia del Convenio, la Mercantil Monte y Mar de Santa Pola, S.L. debería haber abonado la cantidad de 2.453.262,28 €; habiendo pagado la cantidad de 2.550.000 €; existe por lo tanto una diferencia a favor de la mercantil de – 96.737,72 €, cantidad que podrá compensarse con otras deudas a favor del Ayuntamiento”.
Desde el año 2011 y durante los siguientes (2012, 2013, 2014 y 2015) se negociaron cobros a la empresa por importe superior a los 2.000.000 €. (Además de los 2.550.000 euros cobrados ya). Estos cobros se negociaron y fraccionaron durante estos años y los últimos pagos se efectuaron en julio de 2017. Los conceptos que comprendían este importe correspondían principalmente a PLUS VALIAS (mayormente), TASAS, ICIO, IBI, INFRACCIONES URBANISTICAS, etc… Durante la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular se embargaron dos fincas a la empresa MASA, valoradas en más de tres millones de euros (3.000.000.- €), con el objetivo de garantizar que el Ayuntamiento de Santa Pola cobrara íntegramente las cantidades económicas a las que estaba obligada la empresa.
Compromís y PSOE intentan justificar a la desesperada el “bodrio” de ley denominada Ley de Función Social de la Vivienda que desde el Consell se elaboró, según ellos, para rescatar a las personas más vulnerables. Nada más lejos de la realidad.
Esta ley, seamos realistas y digamos toda la verdad, está plagada de injerencias legislativas, es decir, se salta la ley, incumple la legalidad y quiere hacer suyas competencias estatales. El Consell, gobernado por PSOE y Compromís, con la ayuda indispensable de Podemos, debería saber ya a estas alturas que las Comunidades Autónomas tampoco se pueden saltar la legalidad ni la Constitución y que, por supuesto, no tienen inmunidad. Señores concejales del equipo de gobierno, la ley está para cumplirla.
Esta ley que ustedes intentan defender a la desesperada es una ley “estafa”, una treta más de unos gobernantes incapaces de dar soluciones a los ciudadanos y que lo único que se les da bien es hacer las cosas mal, echarle la culpa a los demás de su incapacidad (normalmente al Partido Popular y en Santa Pola a mí también) y seguir sin hacer absolutamente nada para ayudar a la gente que lo necesita. Eso es lo que ustedes han hecho también con esta ley.
Me piden que el Gobierno de España trabaje más para ayudar a las familias desamparadas pero es que eso es lo se está haciendo. Voy a aportar algunos de los datos reales de la gestión del Gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy para que nuestros ciudadanos sepan quién trabaja y produce resultados positivos para la población y quién se pasa el tiempo cobrando sus sueldos públicos llorando y quejándose por todo, diciendo que la responsabilidad es de otros y no hacer absolutamente nada por mejorar la situación.
De cada diez euros invertidos en vivienda en la Comunitat, ocho son del Gobierno de España y sólo dos los aporta el gobierno del Consell de Puig y Oltra. La Consellera de Vivienda anunció que iba a rehabilitar 500 viviendas y sólo entregó 200 que ya habían sido rehabilitas o se estaban rehabilitando con el Partido Popular. Y yo me pregunto, si tanto les importan a ustedes las personas, ¿por qué en vez de utilizar 100 millones de euros en una televisión valenciana no utilizan ese dinero para viviendas sociales y ayudar a familias necesitadas? ¿Por qué en vez de enchufar a tantos cargos de confianza (recordemos que Oltra tiene más asesores que ningún vicepresidente del Partido Popular anteriormente) no utilizan ese dinero para ayudar a las personas que tanto dicen defender?
Ustedes no dicen que las leyes aprobadas por el Gobierno del Partido Popular han reducido las ejecuciones hipotecarias iniciadas en un 64%, la moratoria hipotecaria ha propiciado la suspensión de 27.400 desahucios desde su puesta en marcha en 2013 y que el Código de Buenas Prácticas aprobado por el PP ha facilitado 42.575 reestructuraciones de deuda y más de 7.300 daciones en pago. Las medidas para proteger a los deudores hipotecarios han beneficiado a 87.000 familias mientras que sus políticas han hecho que la Comunidad Valenciana sea la segunda comunidad en España con más desahucios después de Andalucía. ¿Por qué no les cuentan esto a los ciudadanos?
La realidad es que sus prioridades son muy distintas a las de rescatar a las personas. Sus políticas son las de adoctrinar a los niños en las aulas, impedir que los padres elijan la lengua en la que sus hijos deben estudiar, aumentar las instituciones públicas para enchufar a los suyos y tener más asesores. Rescatar han rescatado a personas, pero sólo a las que piensan como ustedes.
Pídanle a sus amigos del Consell que construyan el colegio de Gran Alacant y el colegio Hispanidad, que hagan políticas y leyes reales y legales que ayuden a las personas de verdad y ustedes en Santa Pola, ayuden a los comerciantes de la zona centro de Santa Pola a los que han “matado” literalmente con su Plan de Humanización, limpien los colegios y manténganlos en las condiciones adecuadas, dedíquense a construir los hoteles que prometieron, a limpiar las calles y a eliminar las ratas que se pasean a su antojo, a arreglar las zonas de juegos infantiles que están abandonadas y a preocuparse de Gran Alacant que también es parte de nuestro pueblo. Sean leales con los ciudadanos de Santa Pola y admitan que para poder ser concejales y alcaldesa de nuestra villa admitieron cometer Fraude de Ley y sucumbir a las exigencias de dos concejales tránsfugas que han traído la desidia, la inacción y el sinsentido, junto con ustedes, a nuestro pueblo.
Y es que, al final, desgraciadamente para todos, sus mentiras y sus engaños se convierten en problemas para los ciudadanos.
Loreto Cascales, Presidenta Partido Popular Santa Pola
